Privilegio: una palabra en busca de contenido

Puede involucrar medidas fiscales, administrativas y la descentralización, como también las políticas económicas del gobierno en torno al comercio y la industria. Pero no todas estas medidas dependen exclusivamente del Ejecutivo. Muchas de ellas dependen del Congreso de la República, donde el manejo político y las presiones de los grupos de cabildeo pueden tener un alto grado de influencia para la creación o mantenimiento de una ley privilegio.

De esa cuenta, por más voluntad política que tenga el actual Ejecutivo, y no obstante que su partido ostente mayoría en el Congreso, una verdadera reducción o eliminación de los privilegios requerirá de que otros sectores políticos se involucren también.

Entre las decisiones que en cierta medida quedan en manos del Ejecutivo, se encuentra el tema de la política arancelaria. En otros casos, como la desmonopolización del sector eléctrico y las telecomunicaciones, la eliminación de privilegios existentes sí requiere la intervención del Congreso de la República, por tratarse de cambios a las leyes orgánicas del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y Guatel.

Actualmente se discute la política arancelaria en torno al tema de la globalización y a la Comunidad Económica Centroamericana. Algunos grupos propugnan por la eliminación total de los aranceles o su estandarización en una tasa única, mientras que, otros alegan que, en ciertos casos, estas medidas redundarán en desmedro de la industria local, lo que implica desempleo, reducción de la inversión local y otra serie de problemas inmediatos.

Lo que parece ser un hecho es que las tendencias latinoamericanas a proteger e incentivar a sus industrias locales a través de la protección arancelaria (o barreras fronterizas de otra naturaleza) se han venido debilitando.

A tal extremo que, la mayoría de empresarios guatemaltecos dan por hecho que la única forma de subsistir como industria local en el mediano y largo plazo, dependerá de la competitividad de sus industrias en el mercado internacional.

El tema de la privatización también puede crear discusiones en torno al establecimiento de privilegios. Cuando una industria estatal pasa a manos del sector privado, pero gozando de la exclusividad de la prestación del servicio y de toda la infraestructura y capacidad instalada de la extinta empresa estatal, no se habrá creado más que un monopolio privado con posición privilegiada respecto de la competencia latente.

Desde una perspectiva jurídico política, los conceptos de privilegio e igualdad ante la ley representan polos opuestos. Sin embargo, los análisis de dichos conceptos, tanto en lo jurídico como en lo político, muchas veces se circunscriben a ideas abstractas, sin duda complejas, pero difíciles de aplicar a casos concretos.

Una teoría moderna del derecho y economía, conocida como elección pública (o Public Choice), se ha preocupado mucho por idear mecanismos o procedimientos constitucionales que tiendan a reducir a un minimum la posibilidad de legislar privilegios. A continuación algunas de sus sugerencias:
Leyes generales y abstractas.
La regla del consenso y la unanimidad.
Descentralización administrativa.

Eliminar privilegios no es tarea fácil. En algunos casos, como lo es en el tema de los aranceles a las importaciones, su eliminación o reducción puede lograrlo directamente el Ejecutivo. En otros, se necesita del Congreso de la República. Sin embargo, sistemas muy similares al nuestro lo han logrado en otros países latinoamericanos. Lo que sí es importante es comprender en qué consisten los privilegios y cuáles son los efectos de su existencia.