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por Susana Mérida Peralta

De lo ordinario a lo extraordinario


Los impuestos, los desequilibrios fiscales y el gasto público no dejan de ser tema de discusión en Guatemala. Para no perder la costumbre, éste ha sido también el primer tema económico que tiene el nuevo gobierno en la m ira.

Esta vez se negoció y presentó el proyecto de ley del "Impuesto de Solidaridad, Extraordinario y Temporal", junto con una emisión de Bonos del Tesoro de Emergencia Económica, que luego aprobó el Congreso.

La situación fiscal parece ameritarlo. El Ministerio de Finanzas Públicas ha puesto en evidencia la necesidad de recursos a corto plazo y la ilusión de solvencia fiscal que presentaban las autoridades del gobierno anterior.

La vigencia de este impuesto extraordinario es de dos años, con características distintas de su pago para ambos años.

El impuesto es obligatorio para todas las empresas, personas u organizaciones independientes que trabajen con fines de lucro y para los empleados en relación de dependencia que ganen más de Q.48,000 al año.

Un tanto interesante es que al impuesto establecido se le han definido dos destinos específicos: a) el 50% para financiar parte del pago de la deuda pública interna, flotante y bonificada, acumulada al 31 de diciembre de 1995; y b) el otro 5 0% para apoyar la política monetaria aprobada por la Junta Monetaria. El destino que se le ha dado al impuesto parece ser atractivo para contribuir, en alguna medida, a reducir las tasas de interés. Sin embargo, los efectos reales que se es peran de este impuesto son dudosos. Primero, porque para resolver el problema de la deuda del gobierno no se necesitan recursos emergentes. Se necesita garantizar un flujo de fondos estable para que el próximo gobierno no tenga este mismo problema. Segundo, porque lo que pueden hacer estos recursos para aliviar el problema de las tasas de interés no es mucho. Se estima que para recapitalizar al Banco de Guatemala se requerirían aproximadamente Q.500 millones durante un periodo de 10 a ños.

Suponiendo que lo que se logre recaudar por este impuesto sean Q.1,000 millones o los mismos Q.1,200 millones de los bonos, los ingresos serían del Q.600 millones.

Por consiguiente, se requeriría un impuesto extraordinario durante ocho años más para solucionar este problema. Es decir, se requiere de una disciplina fiscal constante, más allá de lo que este impuesto logra. Por lo que este impuesto pareciera ser sólo el inicio de un largo programa para la recapitalización del banco central, cuyo efecto en la tasa de interés sería de largo plazo.

En el diseño de los impuestos persiste además, un sinnúmero de exenciones y tratamientos especiales que no tienen fundamento económico, y que, junto con los problemas de la administración, corroen la base tributaria guat emalteca.

Todo esto resulta evidente en las cifras de recaudación fiscal logradas por Guatemala, en relación con otros países cuyas condiciones económicas son similares a las nuestras. Guatemala registra, por ejemplo, la carga tributaria más baja de Centro América.


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Mayo de 1996