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Por Marcos Ibargüen

¿Economía Informal: un mal o un síntoma?


Si analizamos superficialmente el problema de la economía informal, podemos llegar a la incompleta conclusión que ésta existe debido a un estado de derecho permisivo en el que no se aplica la ley y, como consecuencia, tampoco se pena a los informales. Por lo tanto, se llega a conclusiones (y soluciones) ineficaces que no atacan el problema de fondo.

Los recursos de Guatemala son limitados. Por lo tanto, es pretensioso argumentar que si se canalizan adecuadamente los recursos del Estado, con miras a la aplicación de la ley pero sin simplificar el sistema legal, se erradicará el mercado informal.

Bajo este incorrecto entendimiento del problema, los políticos argumentan que el Estado necesita recaudar más impuestos para contar con los recursos necesarios para la aplicación de la ley. Asimismo, argumentan que el gobierno no puede resolver los problemas nacionales porque no se cumple con las leyes tributarias y no se pagan impuestos. Sin embargo, es incoherente afirmar que la economía informal se puede erradicar incrementando los impuestos.

La economía informal no es más que el síntoma de una enfermedad crónica del sistema jurídico. El Estado estaría malgastando sus limitados recursos tratando de aplicar nuestro sistema jurídico, puesto que el problema de la economía informal no radica en la falta de aplicación de las leyes, sino en la complejidad de las mismas leyes vigentes.

Mientras más difícil es para una persona cumplir con el sistema jurídico, más estará tentada a quedarse al margen de la ley. Para muchos guatemaltecos, tomar ese riesgo es más atractivo que formalizar sus actividades comerciales.

Existen dos problemas principales en nuestro sistema jurídico: El primero es la falta de accesibilidad a los órganos administrativos; el segundo es la complejidad de nuestra legislación y la dificultad de interpretarla y aplicarla sin la ayuda de servicios caros y, para la mayoría de la población, inaccesibles.

¿Cómo se erradica la economía informal? Simplificando el sistema jurídico y haciéndolo accesible y comprensible para toda la población.


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Julio de 1996