Guatemala, al igual que la gran mayoría de países en vías de desarrollo, sufre una constante presión por parte del resto de países industrializados, para regular y proteger sus ecologías.

Los empresarios e industriales de nuestras naciones se sienten caminando sobre arenas movedizas pues, por un lado, no quisieran que sus productos se vieran impedidos de ingresar a los mercados mundiales y, por el otro, no tienen certeza de cuáles son los estándares ambientales que deben respetarse. Existe incertidumbre por falta de reglas claras que indiquen cual será el costo de mejorar el estándar ecológico de sus empresas.

Los orígenes de la nueva era de regulación ecológica en Guatemala se remontan al mandato presidencial de Vinicio Cerezo A., cuando se creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). El principal contacto entre la gran mayoría de empresas e industrias guatemaltecas y la Conama se debe a que, conforme a la ley, todo proyecto nuevo debe contar con un estudio de impacto ambiental aprobado por la comisión. Pero esta es sólo una de las funciones que la ley concede a la Conama, dentro de las cuales destaca la de imponer sanciones administrativas por violar las normas ecológicas. El principal problema al aplicar esta ley consiste en que contiene una serie de normas y facultades para actuar y sancionar, sin que existan normas claras y específicas sobre los estándares a imponerse.

Es importante que los empresarios guatemaltecos estén concientes de que la consideración del factor ecológico en sus negocios adquiere día a día mayor preponderancia, no sólo con miras a una economía globalizada, sino también dentro del esquema legal interno guatemalteco. Recientemente, se introdujeron reformas penales que podrían modificar sustancialmente el tratamiento del tema ecológico y la conducta de las industrias y empresas locales. Y estas son sólo una pequeña muestra de muchas otras normas y regulaciones en esta materia que se vislumbran en el camino.