El futuro del sector eléctrico en Guatemala

La subsidiariedad del Estado se traduce en que éste no desarrolla actividades empresariales mientras éstas sean o puedan ser desarrolladas por individuos o entidades privadas. El rol normativo en materia de energía queda delegado en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. El rol empresarial, es decir de prestación del servicio, deberá ser delegado al sector privado.

El uso compartido de los sistemas de transmisión es una herramienta esencial para una política de competencia a nivel de generación y, dada su importancia, las disposiciones sobre peajes y su regulación forman parte esencial de la ley.

La ley considera la prestación de un servicio privado de distribución, cuyo precio no está regulado, con excepción de la distribución a pequeños usuarios, los cuales serán definidos de acuerdo a un límite de consumo que el reglamento fijará.

Mientras se siga con un sistema de precios políticos, y sin un esfuerzo por hacer claras y eficientes las operaciones de las entidades eléctricas que utilizan recursos públicos, este sector se verá condenado al estancamiento. Cualquier empresario sabe que si lo que vende se le paga a un precio menor del que le cuesta producirlo, no habrá jamás esperanza de mejorar, ampliar, o crecer en su negocio.

La intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos debe cesar, pues también ha sido causa de lograr precisamente el efecto contrario.

Se ha hablado de que el Gobierno ha iniciado la desincorporación de activos estatales en el subsector eléctrico, al convocar para elegir al banco de inversión que se encargará de la venta de la planta generadora. El objetivo de esta venta es desligar a la EEGSA de la generación, y dejarla únicamente con la distribución. Sin embargo, con dicha estrategia, realmente no se estará resolviendo el problema que hoy tiene la EEGSA y, peor aún, se estará comprometiendo a una entidad mixta al pago futuro de precios posiblemente más altos de los que podría contratar en un ambiente de competencia.

Si el objetivo de la reforma consiste esencialmente en elevar la cobertura de tan esencial servicio, el paso siguiente que deberá darse es el relacionado con las tarifas. Deberá lucharse para que las tarifas respondan a los mecanismos del mercado, a fin de que sean realistas. Sólo de esta forma se logrará un subsector eléctrico financieramente sano y eficiente en cuanto a la asignación de los recursos.